El presidente Lacalle y su equipo económico de gobierno salieron en defensa de la política financiera, ante la situación generada con la Unión Europea, luego de que Uruguay fuera calificado como jurisdicción cooperante en materia fiscal, lo que significa que tiene la necesidad de hacer ajustes en lo que refiere al diseño de tributación sobre la renta de fuente extranjera. El gobierno planteó que la decisión de la Unión Europea no es una reacción a políticas definidas por este gobierno y reveló que a mediados de este año, Uruguay envió una carta a la Unión Europea asumiendo los compromisos exigidos por el bloque para ser cumplidos a finales de 2022.
Lacalle cerró esta semana otro capítulo de negociaciones con los socios de la coalición, tras alcanzar un acuerdo -que se terminó de cerrar en la residencia de Suárez y Reyes- para aprobar una de las prioridades del Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas: El financiamiento para el plan de regularización y reubicación de asentamientos. La negociación puso en un lugar incómodo al presidente, dado que, desde el oficialismo e incluso desde el propio Partido Nacional, se presentó la iniciativa como una propuesta en desmedro del desarrollo de la población rural, dado que, originalmente, los fondos provendrían del Instituto Nacional de Colonización.